Sandra y Rosa serán vecinas a partir de finales de año. Se las ve visiblemente emocionadas, mientras enseñan sus respectivas viviendas, a falta del último empujón para poder trasladarse, y del alta de los servicios básicos. “Aún quedan cosas como el comedor y la lavandería comunitarios”, dicen, señalando los espacios aún vacíos. Llevan seis años con el proyecto de casa en la cabeza. Cada una vivirá en su piso, pero compartirán espacios, servicios y, si lo desean, actividades comunes en uno de los inmuebles que encarnan ya un nuevo modelo de acceso a la vivienda ensayado en otros países como Dinamarca y Uruguay y que rompe la disyuntiva entre comprar un piso o alquilarlo. Hay más opciones: la propiedad colectiva en manos de una cooperativa en régimen de cesión de uso que, tras años de intentos, se impulsa ya oficialmente desde algunos poderes públicos como el Gobierno balear y el valenciano, así como desde el Ayuntamiento de Barcelona. En Madrid, la cooperativa de vivienda ecosocial Entrepatios ha iniciado ya las obras del primer edificio ecológico en derecho de uso en la ciudad.

Igualmente sostenible, el edificio en el que Rosa y Sandra residirán es de la Cooperativa La Borda, de la que son socias y que es la dueña del edificio donde podrán residir de por vida. Cada unidad de convivencia ha aportado de entrada 18.500 euros, y según los metros cuadrados de la vivienda, paga una cuota de alquiler —350, 450 o 690 euros mensuales—. El Ayuntamiento de Barcelona le ha cedido a la cooperativa una parcela destinada a vivienda protegida durante 75 años, así que su titularidad seguirá siendo pública, a cambio de un canon anual. 

Los proyectos de las cooperativas de vivienda suponen procesos largos, sobre todo en el caso del derecho a uso. “No existen referentes ni facilidades administrativas, y mucho menos de financiación, porque la cesión de uso está incluida por ley pero supone un cambio de paradigma y la banca no suele entenderlo”, explica Elena Trias, técnica de Sostre Cívic. Esta cooperativa ha sido la primera —en julio pasado— en tener ya un edificio bajo este régimen habitado por las personas que lo impulsaron, en la calle Princesa de Barcelona.  En este caso, el Ayuntamiento no aportó suelo, sino un edificio que Sostre Cívic se ha encargado de rehabilitar. El coste del proyecto ha sido de 280.00 euros. Cada vivienda aportó inicialmente 9.000 euros. Con cinco viviendas y tres espacios comunes, se trata de un proyecto más pequeño que el de La Borda, donde vivirán 50 personas y cuyo coste asciende a tres millones de euros.

No es la única diferencia. La Borda, con 150 personas socias, empieza y acaba con su edificio, mientras que en el caso de Sostre Cívic, que tiene 750, la cooperativa impulsa otros proyectos. De entre los socios surgen “grupos impulsores” de otras viviendas que se encuentran en distintas fases, aunque la figura del socio colaborador que solo desea mostrar su apoyo al proyecto también existe.  

Al tratarse de una cesión de uso de activos municipales, las personas que viven en estos nuevos edificios deben cumplir los requisitos de renta para el acceso a la vivienda de protección social y no disponer de otro piso. En ambos casos se ha contado con el apoyo —vía préstamos y vía títulos participativos de Coop57—, con el apoyo de particulares. 

Financiación ética

La financiación es la clave. La cooperativa madrileña EntrePatios, que tiene ya las obras iniciadas para un edifico con 17 viviendas en cesión de uso en el distrito de Usera, firmó en verano un acuerdo de financiación con Triodos Bank y Fiare Banca Ética por importe de 3,3 millones. Los socios prevén poder trasladarse allí en 2019, después de años de sueños y trabajo. En Vallecas, donde se proyectan 10 viviendas, el suelo ha sido comprado a un propietario privado, para aplicar también el régimen de cesión de uso, como también ha hecho Sostre Cívic en algunos proyectos, como el que impulsa en la localidad de Cardedeu (Barcelona). En este caso, se prevé que nueve de los 39 pisos serán de protección oficial y el resto, libres. Pero la filosofía no especulativa es la misma. 

“Ojalá pudiéramos esperar a que las Administraciones destinaran rápidamente solares disponibles para cooperativas de vivienda, pero mientras, mucha gente no puede esperar, y si un grupo de personas detecta una oportunidad, puede intentar comprar una parcela o un edificio”, explica Joana Puig, vicepresidenta de la cooperativa Cohousing Barcelona. La entidad ha lanzado una emisión de 1.600 títulos de 500 euros para ayudar a financiar con 800.000 euros un edificio de covivienda que se levantará en un solar del Poblenou de Barcelona ya reservado con el pago de arras a un privado, pero cualificado para destinarse a vivienda social. Solo el coste del solar sube a 1,3 millones, y cuanto mayor sea la financiación que se cubra con la emisión menor será la deuda que se contraiga con la banca, y puede también incidir en la aportación de cada socio. Cohousing aspiraba a un solar público en el mismo barrio que fue adjudicado finalmente a Sostre Cívic. 

La propia Puig fue objeto de un desahucio y desde entonces su batalla ha sido sumarse a iniciativas que frenen la especulación. “El cohousing es otra forma de vivir.  En el grupo impulsor hay quien sabe de arquitectura, leyes o ingeniería, lo que abarata los costes, y el grupo decide sobre el uso de los espacios comunes, que además queremos que estén abiertos al barrio”, explica.

La filosofía comunitaria es similar:  se negocia en común con la banca, las viviendas no se pueden vender ni alquilar, los requisitos de acceso también son de VPO y si una persona se acaba retirando del proyecto recupera inversión inicial más el IPC, y se la queda la cooperativa, encargada de vigilar contra la especulación. Cohousing ha puesto en marcha un fondo de solidaridad por si hay vecinos que no puedan pagar su cuota, y ha reservado un 10% de sus 27 viviendas a alquiler social. La licencia de obras se espera para mayo próximo.  En una asamblea informativa en octubre, Cohousing llamó a la participación y también a la formación de grupos en Barcelona y otras localidades como Arenys de Mar y Vilanova i la Geltrú. 

Puig elogia la actitud de gobiernos como el de Baleares. “Ojalá todos ayudaran igual”, dice. El Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) ha lanzado el programa Cohabita, que prevé la cesión de solares públicos a cooperativas para que autopromuevan vivienda protegida en cesión de uso. Además, aporta un 10% de financiación de la promoción y facilita apoyo técnico, legal, financiero y arquitectónico. El IBAVI pide a los cooperativistas que aporten otro 10%—el capital inicial va de 15.000 a 20.000 euros—. 

También se muestra activa la Generalitat Valenciana, que ha lanzado un plan en siete ciudades de su comunidad para que cooperativas sociales sin ánimo de lucro construyan hasta 180 viviendas protegidas: Alcoy, Gandía, Alzira, Torrent, Alicante, Sant Joan y Torrevieja. La Administración ha anunciado que cederá siete solares a cooperativas para que la comunidad construya viviendas para su domicilio habitual. La covivienda avanza. 

[Este artículo ha sido publicado en el número 63 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]